En un paso significativo para fortalecer la seguridad en la provincia, el gobernador Martín Llaryora promulgó hoy al mediodía la ley que establece el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana. La normativa, aprobada durante el pleno de la Legislatura provincial ayer, define el marco jurídico para la implementación de un nuevo modelo destinado a agilizar la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico.
La ley, que será publicada en el Boletín Oficial tras la firma del gobernador, presenta innovaciones clave en el sistema de seguridad provincial. Entre los aspectos destacados se encuentra la creación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, que operarán como auxiliares de la Policía, utilizando armas no letales.
Además, la legislación establece la creación del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, encargado de proponer programas de capacitación para los miembros de las distintas fuerzas de seguridad, así como la incorporación del personal de las prestadoras de servicios de seguridad.
Otro aspecto importante es la vinculación de las cámaras de seguridad privadas con el centro de monitoreo de la Policía de la Provincia, fortaleciendo la capacidad de vigilancia y respuesta ante incidentes.
La ley también promueve el plan de desarme, ofreciendo incentivos para la entrega voluntaria de armas en posesión de civiles. Asimismo, establece la obligatoriedad de realizar un narcotest para cargos electos y funcionarios públicos, con el objetivo de garantizar la integridad y transparencia en la administración.
En el ámbito judicial, la normativa contempla la duplicación de las fiscalías antinarcóticos en todo el territorio provincial, así como la creación de 12 nuevas fiscalías criminales. Estas medidas buscan fortalecer la capacidad de persecución y prevención del delito, consolidando un enfoque integral en la seguridad pública.
Con la promulgación de esta ley, la provincia da un paso firme hacia la modernización y mejora de su sistema de seguridad, implementando medidas concretas para abordar los desafíos actuales en materia de convivencia ciudadana y combate a la criminalidad.