La justicia dictaminó que, tanto el municipio como Carranza y Quevedo deberán indemnizar a las víctimas.
Los casos habían sido denunciados en 2009 y las trabajadoras contratadas fueron acompañadas por la CTA en sus presentaciones judiciales.
Jesús Chirino, actual secretario General de la UTEM, indicó que aún hay otras causas similares a las que tuvieron como víctimas a Marcela Quiero e Ivana Chialvo.
También denunció que “Mojarrita” Carranza y “Paco” Quevedo siguen cobrando como empleados del municipio de Villa María.