El Gobierno nacional disolvió el Fondo Fiduciario Público del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar).
La medida fue oficializada mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 1018/2024 de noviembre pasado, que había ordenado la extinción del fondo.
Sin embargo, genera dudas entre los titulares de créditos y las familias que aún esperan la finalización o adjudicación de sus viviendas.
Mediante la publicación de la resolución, el Ministerio de Economía estableció los pasos para la administración de los préstamos vigentes, que quedarán en manos del Banco Hipotecario S.A. El Gobierno fundamentó la decisión en la necesidad de “mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento y transparentar el gasto”, además de considerar que el financiamiento de viviendas debe recaer en bancos comerciales y no en la gestión directa del Estado nacional.
El Ministerio de Economía dispuso que la gestión de estos créditos continúe bajo la administración del Banco Hipotecario, que firmará un contrato con el Estado con iguales condiciones de retribución previstas en el fideicomiso original de 2012. Los titulares de los créditos mantendrán sus condiciones contractuales: monto, tasa de interés, sistema de actualización y cronograma de pago.
Esto significa que los beneficiarios no verán alterados sus derechos ni obligaciones. Las cuotas pactadas seguirán vigentes bajo el mismo esquema, sin modificaciones unilaterales y sin alterar la seguridad jurídica de quienes accedieron de acuerdo con la normativa vigente a lo largo de estos años.
Actualmente se encuentran en desarrollo cerca de 17.000 viviendas en distintos puntos del país, muchas de ellas con diferentes grados de avance. El Gobierno nacional resolvió que la continuación y finalización de estos desarrollos urbanísticos quedará a cargo de las provincias, los municipios o, en su defecto, del sector privado.