El Gobierno de la Provincia de Córdoba ha emitido una intimación a nivel nacional bajo amenaza de iniciar acciones legales, en respuesta a la exclusión de Córdoba del reparto de subsidios correspondientes al mes de septiembre, mientras que otras diez provincias ya han recibido sus asignaciones.
La decisión de Córdoba de tomar medidas legales se produce después de que el Ministerio de Transporte, a través de una nota dirigida al Banco Nación, ordenara la liberación de fondos para diez provincias, excluyendo a Córdoba. Esta exclusión, según las autoridades provinciales, se basa en la demanda de la Nación de que Córdoba renuncie a su reclamo contra la penalización de subsidios por no haber implementado el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).
Franco Mogetta, secretario de Transporte provincial, expresó su preocupación por esta situación y señaló que Córdoba ha cumplido con todas las obligaciones y requerimientos establecidos por la Nación. La provincia ha realizado los aportes exigidos y ha cumplido con la rendición de cuentas de agosto sin objeciones por parte de la Nación.
Además, Córdoba firmó y envió la Adenda IV del Convenio del Fondo Compensador el 25 de septiembre, expresando su voluntad de mantenerse como beneficiaria de los subsidios para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. También se ha presentado toda la documentación necesaria para implementar SUBE en seis municipios de la provincia.
La principal demanda de Córdoba es que la Nación se abstenga de sancionar a la provincia y devuelva los fondos correspondientes a septiembre. Argumentan que la falta de implementación de SUBE es responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional.
Mogetta también resaltó que, a pesar de los numerosos intentos de comunicación, la Nación no ha respondido a las consultas ni ha proporcionado información sobre el estado del proceso iniciado en febrero de 2023 para obtener SUBE en la provincia.
La situación se agrava por la falta de reglamentación del Consejo Federal, establecido por la Ley de Presupuesto para supervisar el uso de recursos y la implementación de SUBE. Además, preocupa que el proyecto de ley enviado al Congreso de la Nación aumente la penalización en los subsidios por la falta de SUBE del 10% al 50% y elimine el Consejo Federal.