El Gobierno de Córdoba ha presentado una nueva demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contra del Estado Nacional por el incumplimiento en el giro de anticipos mensuales destinados a cubrir los déficits de los sistemas previsionales provinciales no transferidos, tal como lo establece la Ley de Presupuesto 27.701, aprobada en noviembre del año pasado.
De acuerdo con el artículo 92 de dicha norma, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debía transferir a la Caja de Córdoba la suma de 17.848.046.950,99 pesos hasta el mes de abril.
Hasta marzo de 2023, la Nación no había realizado ninguna transferencia de fondos a la Caja de Córdoba. Luego de fuertes reclamos efectuados por la Provincia, el 15 de marzo la ANSES emitió la Resolución 53/2023, en la cual dispuso un monto inferior al estipulado por la Ley de Presupuesto 2023.
En esa oportunidad, el organismo nacional reconoció que se estaba transfiriendo una suma menor debido a que el Poder Ejecutivo Nacional no había reglamentado la disposición de la Ley de Presupuesto que ordenaba la transferencia completa.
En lugar de los 17.848.046.950,99 pesos establecidos por la Ley de Presupuesto Nacional, se transfirieron hasta abril un total de 4.287.970.909,72 pesos.
La Provincia rechazó este recorte injustificado e ilegal, y formalmente intimó al Estado Nacional a que abone las diferencias adeudadas por los pagos parciales realizados entre enero y abril de 2023, lo cual asciende a un monto de 13.560.076.041,27 pesos, advirtiendo que en caso de no recibir respuesta se iniciarán acciones legales.
Transcurrido el plazo de reclamo sin obtener respuesta por parte de la Nación, el Gobierno de Córdoba decidió presentar la demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la suma mencionada, más los incrementos que pudieran surgir como consecuencia de los pagos parciales ilegales, y los intereses que se generen.
Asimismo, se solicitó a la Corte la fijación de una audiencia con el fin de buscar una solución conciliatoria a este conflicto, y se dejó en reserva la posibilidad de presentar una medida cautelar que asegure los resultados del juicio iniciado.

