El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano firmó el dictamen de mayoría sobre la iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados y que busca reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente de financiamiento y prestaciones. De esta manera, el Gobierno consiguió este miércoles avanzar en el Senado con el proyecto de una nueva Ley de Discapacidad.
La Nueva Ley de Discapacidad, llamada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, mantiene los principales derechos que había establecido la Ley de Emergencia. Entre ellos, conserva las pensiones no contributivas equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y ratifica la compatibilidad de ese beneficio con el empleo registrado y el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) seguirá siendo la herramienta central para acceder a la prestación, y además, garantizas la cobertura médica para los titulares de las pensiones a través de Incluir Salud o del programa que lo reemplace.
En materia de prestaciones, el proyecto ratifica la actualización de los aranceles según la inflación y conserva el nomenclador único y el arancel unificado para el sistema.
El texto también establece que el Ministerio de Salud deberá contar con partidas específicas para financiar el sistema y que, si esos recursos resultan insuficientes, se podrá recurrir a compensaciones con fondos del Tesoro. Además, fija que el ingreso por beneficiario no podrá perder poder adquisitivo en términos reales respecto del ejercicio anterior.
Para los prestadores, la iniciativa contempla un cronograma de cancelación de las deudas pendientes. El Poder Ejecutivo deberá publicarlo dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la ley y completar los pagos en un plazo de 90 días, según las condiciones establecidas en el texto.