El Gobierno de Córdoba formalizó el recupero de los gastos generados por amenazas, hechos de violencia y conductas de riesgo en escuelas, tras la publicación en el Boletín Oficial del protocolo que regula el procedimiento.
La normativa apunta a garantizar el uso responsable de los recursos públicos frente a situaciones que obligan a desplegar operativos policiales, servicios de emergencia y logística especial.
El procedimiento se activa con la intervención del Ministerio Público Fiscal, que identifica a los autores del hecho y a los adultos responsables. A partir de allí, se determinan los costos operativos de cada intervención, se elabora un expediente con todos los registros del operativo. Luego, se cuantifican los gastos incurridos por el Estado, y finalmente, se intima al pago en un plazo perentorio de 5 días.
En caso de incumplimiento, se dará intervención a Fiscalía de Estado para avanzar con acciones judiciales de recupero.
El protocolo contempla la posibilidad de reclamar los costos de todos los recursos afectados en cada operativo, incluyendo personal policial, servicios de emergencia, brigadas especiales y medios logísticos, cuya activación genera un impacto directo en el presupuesto provincial.