El Gobierno de Córdoba implementará un nuevo protocolo, a través del cual reclamarán los costos de operativos de seguridad, es decir, gastos de intervenciones policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación en falsas amenazas de tiroteo en escuelas, a los padres o adultos responsables de los menores identificados e imputados por la Justicia.
La medida, que ya formalizada por el Ministerio de Seguridad, se aplicará a toda intimidación pública, amenaza o falsa alarma que implique el despliegue de recursos del Estado. No solo tendrá consecuencias penales, sino también un recupero económico de los costos operativos.
Una vez identificados los responsables, se cuantificarán los recursos humanos y materiales utilizados en cada intervención. Con esa información, el Estado avanzará con la intimación de pago y, de ser necesario, con acciones judiciales.
El protocolo se implementará en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes.
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