Desde la UTEM – CTA y el Centro de Jubilados Municipales de Villa María, se alza una voz de reclamo en nombre de los empleados municipales que luchan por salarios dignos y un trato justo en la administración pública. Denuncian que actualmente existen trabajadores que perciben sueldos por debajo de los $70,000, incluso profesionales universitarios que reciben tan solo $120,000, lo que consideran «sueldos hambre».
La organización sindical afirma que la falta de salarios dignos equivale a la explotación de los trabajadores y critica la gestión del intendente Martín Gill por no tomar medidas efectivas al respecto.
Además, denuncian que las autoridades municipales han anunciado un aumento salarial en tres partes, pero alegan que los porcentajes no se basan en la realidad económica actual. Argumentan que el incremento del 13,5% anunciado se calcula en relación al sueldo de febrero, en lugar de tener en cuenta el costo de vida actual.
Otro punto de preocupación es la situación de los empleados facturantes, a quienes no se les ha otorgado ningún aumento ni se les ha proporcionado información sobre mejoras salariales. El comunicado señala que estos trabajadores sufren salarios insuficientes.
En relación a la situación de los jubilados municipales, la organización sostiene que están siendo afectados por los bajos sueldos que perciben quienes aún están en servicio. También destacan que en unos meses volverá a entrar en vigencia una ley que retrasa el pago de aumentos a los jubilados, un castigo adicional a los ingresos ya afectados por la inflación.
En respuesta a estas preocupaciones, se ha convocado a una Radio Abierta en Plaza Centenario el miércoles 6 de septiembre a las 10 de la mañana. Se espera la participación de candidatos a la intendencia y se busca dialogar sobre la situación laboral de los empleados municipales y la necesidad de mejorar las condiciones de los jubilados. La organización también hace un llamado a otras organizaciones gremiales e instituciones defensoras de los derechos humanos a unirse a su posición y abogar por la derogación de la ley que afecta los pagos de jubilaciones en la provincia.