La Justicia Federal frenó el pase a disponibilidad de más de 300 trabajadores estatales que cumplían tareas en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El Gobierno nacional recibió un revés judicial que se sumó a una cautelar en su contra y al rechazo de las dos cámaras del Congreso al decreto desregulador que firmó el presidente Javier Milei.
La jueza Martina Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial Nº 2 de San Martín, aceptó un recurso presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El gremio denunció que la medida era parte de un “vaciamiento” del organismo impulsado por el Ministerio de Economía.
La disposición establecía que el trabajador en disponibilidad:
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No debía concurrir a su lugar de trabajo.
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Tenía que estar pendiente durante su horario laboral.
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Podía ser convocado en cualquier momento a través de su correo institucional o medios electrónicos.
Según destacó a La Nación, el secretario general de Apinta, Mario Romero, el fallo fue recibido con “alivio” por los empleados. “Es un logro bastante importante para la institución y para los trabajadores. Pero no es solamente de Apinta: es un logro colectivo, también de ATE y de todos los que se expresaron en defensa del INTA, incluidos 141 diputados y 60 senadores que rechazaron el decreto”, remarcó.
Fuente fotográfica: Nicolas Suárez